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Organizaciones sociales presentan amparo constitucional para exigir consulta sobre TLC

Minga Informativa de Movimientos Sociales 22.02.2006 06:39
"Este lunes 20 de febrero se cumplió una audiencia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, como parte de la demanda de Amparo Constitucional para exigir al Presidente Alfredo Palacio que se realice una Consulta Popular sobre el TLC entre Ecuador y Estados Unidos de Norteamérica. La demanda, que fuera interpuesta por representantes de Ecuarunari, el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y la Red de Mujeres Transformando la Economía ?REMTE-, integrantes de la Campaña Nacional No ALCA-TLC, se fundamenta en el derecho de petición, el derecho político de ser consultados sobre asuntos trascendentales para el país, y en la prevención de las afectaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, a los derechos colectivos y ambientales, que se producirán en caso de que este se suscriba y aplique."

"TLC ecuatoriano: dolo, vicios de consentimiento y otros sacrilegios" por Pedro López Juiz
 http://ecuador.indymedia.org/es/2006/02/12928.shtml






Campaña Continental contra el ALCA
-----------------------------------

Ecuador: Amparo constitucional para exigir consulta sobre EL TLC

Minga Informativa de Movimientos Sociales

2006-02-21

Este lunes 20 de febrero se cumplió una audiencia ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de Quito, como parte de la
demanda de Amparo Constitucional para exigir al Presidente
Alfredo Palacio que se realice una Consulta Popular sobre el TLC
entre Ecuador y Estados Unidos de Norteamérica. La demanda,
que fuera interpuesta por representantes de Ecuarunari, el Instituto
de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y la Red de Mujeres
Transformando la Economía ?REMTE-, integrantes de la Campaña
Nacional No ALCA-TLC, se fundamenta en el derecho de petición,
el derecho político de ser consultados sobre asuntos
trascendentales para el país, y en la prevención de las
afectaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, a
los derechos colectivos y ambientales, que se producirán en caso
de que este se suscriba y aplique.

En la audiencia, el abogado que representa a las/os demandantes,
Raúl Moscoso, explicó que el Amparo busca impedir una
ilegalidad, pues no realizar la consulta como paso previo a la
suscripción del Tratado contraviene disposiciones constitucionales
expresas al respecto.

De su lado, el dirigente de Ecuarunari Humberto Cholango enfatizó
en el derecho constitucional que ampara a los pueblos y
nacionalidades indígenas para ser consultados en lo que afecte a
los derechos colectivos, lo que justamente ocurrirá en caso de
suscribirse el TLC. Llamó la atención sobre las implicaciones para
la soberanía nacional y para la búsqueda de una autentica
integración.

La representante de la REMTE, Magdalena León, planteó la
responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad para
impedir la imposición de un instrumento que compromete el
presente y el futuro del país. Señaló que la información oficial es
parcial y sesgada, pues presenta al Tratado como referido al
intercambio de bienes, especialmente a un presunto incremento de
exportaciones, sin considerar el conjunto de aspectos
contemplados en las 19 mesas de negociaciones, que suponen
redefiniciones sustanciales en la economía, en la institucionalidad
pública y en el marco jurídico del país. Esta visión contrasta con la
de los Estados Unidos, cuyos voceros han expresado con claridad
sus propósitos -muy distintos de comprar más productos
ecuatorianos-: ampliar mercados para sus productos,
sobreproteger sus inversiones, lograr control de recursos
estratégicos en el territorio, fortalecer su poder e influencia
geopolítica. En base a análisis realizados por el PNUD, la CEPAL
y el Banco Central del Ecuador, expuso los impactos negativos
sobre la producción, especialmente agropecuaria, el empleo, la
calidad de vida, y sobre la política económica.

Cecilia Chérrez, del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer
Mundo, sostuvo que a través de esta legislación internacional el
gobierno de los Estados Unidos busca el control directo de los
recursos estratégicos, la patentación de plantas, animales y
microorganismos, la introducción de transgénicos, al igual que el
control del abastecimiento alimentario en el continente con su
producción subsidiada. Señaló las implicaciones ambientales de
las presiones a un incremento de explotación y exportación de
productos primarios: petróleo y otros minerales, madera,
camarones. Junto con ello, ejemplificó sobre los riesgos
ambientales de la importación de vehículos y equipos usados, y de
permitir la presencia de empresas que se dedican a reubicar
desechos, basura, y residuos tóxicos.

Los abogados que representan al gobierno defendieron el derecho
presidencial de negociar y suscribir acuerdos internacionales, y
plantearon que el Congreso Nacional, como representante del
pueblo, deberá aprobar o improbar el Tratado en su momento.

La exigencia de Consulta Popular ha sido previamente planteada
por distintos canales, de manera destacada a través de miles de
firmas que fueron encaminadas a la Vicepresidencia de la
República.

Su realización fue también un compromiso inicial del actual
presidente al asumir el mando como fruto de la Rebelión Forajida
de abril de 2005 -con la que se destituyó a L. Gutiérrez-, pero tal
responsabilidad se ha ido desdibujando en el transcurso de estos
meses, no obstante la insistencia de las organizaciones sociales y
sus constantes expresiones de rechazo a la suscripción del TLC.

El Tribunal deberá pronunciarse en los próximos días.

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"S¡ a la vida, No al ALCA.
Otra Am?rica es posible."

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